La Fiscalía Busca Cerrar Moeve por Millones en Fraudes

La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado la disolución de Moeve (anteriormente conocida como Cepsa) y multas por un total de 13,2 millones de euros, debido a un presunto fraude fiscal de 7,77 millones de euros en Canarias en relación con impuestos sobre derivados del petróleo, con hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2021.

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Detalles del presunto fraude fiscal en Canarias

Según la Fiscalía, Cepsa, a través de su filial Petrocan, con sede en el puerto de Las Palmas, habría declarado ventas mayoristas de gasóleo a clientes en Canarias aplicando el tipo impositivo correspondiente al fueloil industrial (0,56 €/tonelada), en lugar del tipo que corresponde al gasóleo para vehículos (222 €/1.000 litros), un producto gravado fiscalmente en una proporción mucho mayor — aproximadamente 400 veces más.

Esta operativa habría causado una pérdida para la Hacienda canaria de unos 7,7 millones de euros, y se considera que fue una acción deliberada y sistemática para defraudar a la administración regional.

El fraude fue descubierto a raíz de denuncias realizadas por una empresa de Fuerteventura en 2019 y 2020, que alertaron sobre estas irregularidades. La Fiscalía inició el procedimiento en 2022 y actualmente se tramita en la Audiencia de Las Palmas.

Acusados y medidas solicitadas por la Fiscalía

Moeve (ex Cepsa): Solicitud de disolución de la empresa, multas por 13,2 millones de euros y sanciones administrativas.
María Inés Martínez, responsable de Impuestos Indirectos de Cepsa: la Fiscalía pide 28 años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, además de multas que superan los 25 millones de euros.
Tres funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria: se les acusa de inacción tras recibir denuncias sobre el posible fraude y no haber investigado ni fiscalizado adecuadamente durante al menos 28 meses.

El Gobierno de Canarias actúa también como acusación particular en este proceso.

Posición de Moeve frente a las acusaciones

Moeve niega rotundamente las acusaciones y argumenta que el producto cuya tributación se cuestiona, el fueloil de uso industrial, no está vinculado a las estaciones de servicio, por lo que no estaría sujeto al gravamen correspondiente al gasóleo para vehículos. La compañía ha presentado un recurso contra la causa abierta por la Fiscalía.

Contexto de la empresa y consecuencias

Este procedimiento se da en un momento de transformación estratégica para Moeve. Tras dejar de operar bajo el nombre Cepsa, la compañía se ha centrado en la transición energética, incluyendo biocarburantes, movilidad eléctrica e hidrógeno, y fue adquirida mayoritariamente por Mubadala Investment Company, fondo soberano de Abu Dabi que posee más del 61% del capital.

Aunque la disolución de una empresa es una medida excepcional en el derecho mercantil español y parece poco probable, la Fiscalía ha optado por esta estrategia para poner el foco público en el caso y destacar la gravedad del presunto fraude cometido por una de las mayores petroleras del país.

Este caso afecta además la imagen y la eficacia de la Agencia Tributaria Canaria, especialmente en un contexto donde la autonomía fiscal regional y el control sobre la recaudación de impuestos es un tema de especial relevancia para el archipiélago.