TAXISTA DE VIGO: LUCHA CONTRA UBER Y VTC SIN LICENCIA

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Conflicto creciente entre taxis y VTC en Vigo: Uber y el desafío a la regulación

En Vigo, la disputa entre el sector del taxi y las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber se intensifica, convirtiéndose en un foco de atención clave en Galicia. Aunque el Ayuntamiento de Vigo ha denegado licencias urbanas para VTC para operar dentro de la ciudad, plataformas como Uber continúan ofreciendo servicios en trayectos urbanos, lo que provoca malestar entre los taxistas locales.

Contexto y situación actual

Desde la llegada de Uber a Vigo hace aproximadamente año y medio, el conflicto no ha dejado de crecer. En julio de 2025, el Ayuntamiento denegó todas las solicitudes de licencias urbanas para VTC, limitando su operación solo a trayectos interurbanos, entre municipios. Sin embargo, la realidad práctica contradice esta normativa: el 90 % de los trayectos realizados por estas plataformas corresponden a servicios urbanos, situación confirmada por denuncias de taxistas que además denuncian que los conductores VTC recogen pasajeros directamente en lugares con alta demanda, como estaciones y aeropuerto, e incluso utilizan carriles exclusivos para taxis y autobuses.

Acciones administrativas y judiciales

El Ayuntamiento de Vigo, respaldado por denuncias formales presentadas por asociaciones de taxistas como Élite Taxi y la Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Pontevedra, ha promovido sanciones contra conductores VTC por operar sin la autorización adecuada. Sin embargo, muchas de estas denuncias son recurridas por Uber, lo que mantiene un punto muerto legal en el que la actividad de los VTC continúa.

Mientras tanto, la Xunta de Galicia también ha sido señalada por no actuar decisivamente, alegando que se mantendrán esperando una sentencia del Tribunal Supremo para intervenir plenamente en este asunto. Esta postura genera frustración en el sector taxista, que reclama una regulación clara y efectiva.

Postura y demandas del sector taxi

Los taxistas en Vigo valoran el respaldo del Ayuntamiento local, al cual consideran único en Galicia por su apoyo explícito a la causa del taxi frente a las VTC. Piden que las autoridades prohíban más licencias VTC para evitar saturar el mercado, alegando que la demanda ya está cubierta y que una mayor presencia de estos vehículos impactaría negativamente en el medio ambiente y la gestión del tráfico en la ciudad.

Además, el sector ha adaptado algunas condiciones para competir mejor, como la reciente medida de eximir a los taxistas de la obligación de realizar dos días de descanso, aprobada por el Ayuntamiento en enero de 2026, que buscan fortalecer su capacidad operativa frente a las plataformas digitales.

Marco legal y normativo

El trasfondo del conflicto radica en una regulación todavía imprecisa. En junio de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis (ratio 1/30) por considerarla contraria a la libre competencia. Sin embargo, también estableció que las administraciones pueden imponer requisitos basados en criterios objetivos como el medio ambiente y la ocupación del espacio urbano.

España adaptó su normativa con el Real Decreto-ley 5/2023, eliminando la exigencia del ratio 1/30, pero otorgando a las comunidades autónomas y ayuntamientos más herramientas para limitar licencias VTC según la gestión del tráfico y razones medioambientales, además de declarar al servicio de taxi como de interés público.

Estas reformas han llevado a numerosas demandas por parte de las plataformas VTC contra los ayuntamientos que deniegan licencias, entre ellos el de Vigo, profundizando así la inseguridad jurídica y el conflicto entre ambos sectores.

¿Una solución a la vista?

La situación en Vigo es un reflejo de un problema mayor que afecta a Galicia y a otras regiones, donde la falta de una regulación clara y consensuada mantiene el enfrentamiento entre taxistas y VTC. Las autoridades locales presionan a la Xunta para que tome cartas en el asunto y regule adecuadamente la nueva realidad del transporte con conductor.

Mientras tanto, las protestas continúan y los taxistas demandan una solución definitiva que permita una convivencia justa y ordenada, protegiendo tanto sus derechos como la oferta de servicios de calidad para los usuarios.

Implicaciones para el usuario y el mercado

Para los usuarios, esta disputa crea incertidumbre sobre la legalidad y calidad del servicio que reciben. La regulación ambigua y los recursos legales afectan la disponibilidad y el tipo de servicios que pueden contratar, afectando especialmente a la movilidad urbana en ciudades como Vigo.

En conclusión, el futuro del transporte urbano en Vigo y Galicia depende de una coalición entre normativa clara, control efectivo y diálogo entre todos los actores: taxistas, plataformas VTC, ayuntamientos y la Xunta, buscando un equilibrio que garantice competencia leal y un buen servicio para la ciudadanía.