El proyecto Castor es considerado uno de los mayores errores en la gestión energética de España. Este almacenamiento submarino de gas, que pretendía reducir la dependencia del país respecto al gas natural, terminó costándonos a los españoles más de 1.600 millones de euros y provocando numerosos terremotos.
El objetivo inicial
Castor surgió con la intención de ser una respuesta estratégica para minimizar la dependencia española del gas natural. Consistía en un gigantesco depósito bajo el mar Mediterráneo, ubicado frente a las costas de Castellón y Tarragona, capaz de almacenar una gran cantidad de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, poco después de iniciarse su puesta en marcha, el proyecto fue suspendido debido a que su operación provocaba una serie de microseísmos en la zona. Desde entonces, los costes asociados a esta infraestructura no han dejado de crecer.
El desarrollo y el desplome del proyecto
El megaproyecto fue aprobado en 2007 y comenzó su construcción en 2008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y continuó bajo el gobierno de Mariano Rajoy. La empresa concesionaria fue Escal UGS, mayoritariamente propiedad del grupo ACS, una compañía liderada por Florentino Pérez. El presupuesto inicial rondaba los 500 millones de euros, pero el proyecto derivó en un largo litigio legal y en elevadas indemnizaciones que han persistido por más de una década.
Esta instalación submarina estaba diseñada para almacenar alrededor de 1,3 millones de metros cúbicos de gas, utilizando un antiguo yacimiento petrolífero marino ubicado a unos 1.700 metros de profundidad. El conjunto incluía, además del depósito, una plataforma marina, un gasoducto de más de 30 kilómetros y una planta terrestre en Vinaròs, Castellón.
Seísmos inducidos y paralización
En 2013, durante el proceso de inyección de “gas colchón” necesario para mantener la presión interna del depósito, se detectó que esta operación ocasionó un aumento significativo de microseísmos en la región, relacionados con el movimiento de fallas geológicas cercanas. Los primeros informes hablaban de más de 350 temblores, cifra que luego se elevó a más de 1.000, con magnitudes que alcanzaron hasta 4,3 en la escala de Richter, clasificados como leves pero suficientes para generar alarma social.
Ante esta situación, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, ordenó la paralización definitiva del proyecto. Además de las causas técnicas y ambientales, ya se cuestionaba la rentabilidad y necesidad de esta infraestructura, especialmente debido a una evolución del sistema energético español que permitió una mayor flexibilidad mediante importaciones de GNL y regasificadoras, reduciendo la dependencia directa de un solo almacén.
Costes económicos y sociales
Tras confirmarse el fracaso, el Estado se vio obligado a indemnizar a la empresa concesionaria, Escal UGS, y por extensión a ACS, como principal accionista, tal y como estipulaba el contrato original. En 2014, mediante un real decreto-ley, se reguló una compensación de alrededor de 1.350 millones de euros, cuyo coste fue asumido a través del sistema gasista. Esto implicó un aumento gradual en la factura del gas para todos los consumidores españoles, generando un impacto económico directo en la población.
En 2017, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente este mecanismo, lo que hizo que el Estado tuviera que asumir la deuda y sus intereses, trasladando el coste a los contribuyentes y ejemplificando lo que se denomina “socialización de pérdidas”. A partir de entonces, diversos litigios han intentado mitigar las responsabilidades, incluyendo sentencias que obligaron a Escal UGS a devolver cantidades significativas a los consumidores.
El proceso de desmantelamiento y costes adicionales
En 2023, el Gobierno anunció el inicio del desmantelamiento del almacén Castor, proceso adjudicado a Enagás, principal gestor del sistema gasista en España. A pesar de que esta fase se estimó para durar alrededor de ocho meses, las tareas aún continúan, con nuevos costes asociados. En 2026, el Tribunal Supremo reconoció indemnizaciones adicionales por labores de mantenimiento y desmantelamiento, ascendiendo a más de 250 millones de euros, sumando aún más al gasto que deberá soportar la sociedad española.
Además, se han intentado mitigar las pérdidas vendiendo algunos equipos del proyecto, pero la magnitud del fracaso ha mantenido el coste final más allá de los 1.600 millones de euros, implicando un lastre económico que aún afecta a los ciudadanos muchos años después de la paralización.
Perspectivas y lecciones aprendidas
El caso Castor ilustra la importancia de una planificación energética rigurosa y la necesidad imperante de evaluar los impactos ambientales y sociales de proyectos de gran envergadura. También pone en evidencia los riesgos asociados a las infraestructuras que, aunque concebidas para garantizar la seguridad energética, pueden convertirse en una carga financiera y ambiental cuando se gestionan sin la debida precaución.
En definitiva, Castor no solo es un fracaso técnico y económico, sino también un ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse de decisiones políticas y empresariales mal coordinadas y poco transparentes, cuyos efectos repercuten directamente en la sociedad.
Artículo originalmente publicado en Motorpasión por Alejandra Otero.
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