La Unión Europea ha revisado recientemente su normativa inicial prevista para 2035, que prohibía la venta de coches nuevos de gasolina y diésel exigiendo emisiones cero. Ahora, se flexibiliza esta prohibición y permitirá que los fabricantes sigan produciendo vehículos con motores de combustión interna más allá de esa fecha, siempre que cumplan con una reducción del 90 % en las emisiones medias de CO₂ de la flota, lo que deja un margen restringido para vehículos con esta tecnología, incluidos híbridos enchufables y modelos que funcionen con combustibles sintéticos.
La decisión de Bruselas y su impacto en la industria
En diciembre de 2025, la Comisión Europea anunció un paquete legislativo que elimina la prohibición total de coches de combustión para 2035, buscando defender la competitividad de la industria europea frente a desafíos como la presión de fabricantes extranjeros y las demandas de países como Alemania e Italia. Esta revisión permite la venta de coches de combustión siempre que el conjunto de la flota nueva alcance una reducción de emisiones del 90 %, balanceando así la transición hacia vehículos eléctricos con la continuidad de tecnologías híbridas.
De esta forma, los fabricantes tienen la posibilidad de continuar ofreciendo híbridos enchufables regulados rigurosamente y vehículos que utilizan combustibles sintéticos o alternativas sostenibles. También se fomentan los vehículos eléctricos urbanos de pequeña autonomía para ayudar a equilibrar los límites de emisión de la flota total. Esta evolución responde a inquietudes sobre la competitividad y la pérdida de empleo en la industria automotriz europea, que ha invertido enormes recursos en la adaptación hacia un futuro más sostenible.
La postura de Pedro Sánchez frente a esta evolución
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha mantenido una postura crítica frente a la moratoria en la prohibición de los coches de gasolina y diésel inicialmente planteada. Sánchez ha calificado esta flexibilización como un "error histórico de Europa" porque, según su criterio, debilita los compromisos de sostenibilidad y pone en riesgo la competitividad basada en una economía verde.
Además, el presidente ha insistido en que proteger el clima no debe ser visto como un freno al crecimiento, sino como una medida para garantizar el empleo, la prosperidad y la infraestructura futura del país. Ha señalado que esta postura se debe defender con hechos y datos, y no con desinformación o memes, en referencia a las campañas críticas que minimizan la urgencia del cambio climático.
Compromisos y planes para enfrentar la emergencia climática
En el contexto del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, presentado en España, se contemplan medidas como la creación de una Red Estatal de Refugios Climáticos y planes municipales para prevenir inundaciones e incendios, así como la formación de un Panel Nacional de Científicos del Cambio Climático para asesorar políticas públicas. Sin embargo, este proyecto requiere del apoyo político para prosperar, un respaldo que hasta ahora ha sido limitado, especialmente por la oposición y algunos sectores contrarios a las medidas más estrictas.
Desafíos políticos y sociales
El desencuentro en torno a la regulación europea refleja las tensiones entre países con distintos intereses industriales y sociales. Mientras que Alemania e Italia han impulsado la flexibilización para proteger sus manufacturas, España mantiene una posición más firme en defensa de objetivos climáticos ambiciosos. Este debate muestra la complejidad de encontrar un equilibrio entre desarrollo sostenible, innovación tecnológica y estabilidad económica.
En definitiva, aunque la Unión Europea ha ajustado sus planes para permitir cierta continuidad en la producción de coches con motor de combustión, la tendencia hacia una movilidad cada vez más limpia y sostenible sigue siendo un objetivo prioritario tanto para España como para el bloque comunitario. La situación continúa en evolución y requiere un seguimiento atento de las nuevas decisiones legislativas y sus implicaciones.

