El Tribunal Supremo ha confirmado que las comunidades de propietarios no pueden impedir que un residente instale un punto de recarga para vehículos eléctricos en su plaza de garaje. Esta decisión respalda lo estipulado en la Ley de Propiedad Horizontal, que reconoce el derecho individual a realizar estas instalaciones siempre que se cumplan ciertos requisitos. La sentencia surge tras un caso emblemático ocurrido en Alicante, estableciendo un precedente legal relevante para todo el territorio nacional.
Contexto y origen del conflicto
La controversia comenzó a finales de 2017, cuando un propietario de un vehículo eléctrico informó al administrador de su comunidad sobre su intención de instalar un cargador en su plaza privada de garaje. Aunque el solicitante tenía derecho a realizar esta instalación, la administración de la finca se opuso, argumentando que el tendido de cables atravesaba zonas comunes y que esta obra requería el acuerdo unánime de la junta de vecinos. Este desacuerdo derivó en un prolongado intercambio de comunicaciones y procedimientos legales.
El marco legal que ampara la instalación
El propietario insistió en que, conforme a la legislación vigente, no era necesaria la aprobación colectiva, sino únicamente una notificación previa a la comunidad. Este argumento se basa en el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que la instalación de puntos de recarga de uso exclusivo requiere comunicarlo previamente a la comunidad, siempre que el solicitante asuma todos los costes de ejecución y suministro.
Para minimizar cualquier conflicto, el usuario explicó que el consumo eléctrico se derivaría directamente desde su propio contador individual, sin afectar los consumos comunes.
El proceso judicial: del rechazo inicial al fallo definitivo
Tras su instalación, la junta de vecinos calificó la infraestructura como ilegal y amenazó con medidas legales contra el propietario si no se retiraba el cargador. En primera instancia, un tribunal falló a favor de la comunidad, pero el propietario presentó recurso, lo que llevó a que el Tribunal Supremo finally interviniera para resolver el caso.
El fallo del alto tribunal rechazó el recurso de los vecinos, señalando que el legislador contempló la obligatoriedad de que el cableado cruce elementos comunes para hacer efectivo este derecho. Por tanto, la comunidad no tiene potestad para vetar la instalación técnica del punto de recarga.
Aspectos técnicos y recomendaciones para la instalación
La sentencia clarifica que cualquier copropietario puede llevar a cabo la instalación siempre y cuando realice la comunicación formal y cumpla con la normativa técnica vigente, especialmente la Instrucción Técnica Complementaria BT 52. Entre las mejores prácticas recomendadas por colegios de administradores de fincas está que el cableado se instale dentro de tubos homologados y siguiendo las rutas consensuadas para minimizar el impacto visual y estructural. Además, tras la obra, es aconsejable entregar a la comunidad el boletín oficial que certifica la correcta realización de la instalación.
Particularidades en Cataluña
Es importante destacar que en algunas regiones, como Cataluña, existen matices normativos específicos. Según el Código Civil Catalán, el propietario debe presentar un informe técnico previo. La comunidad dispone de 30 días para proponer posibles alternativas técnicas que reduzcan el impacto visual o estructural.
Si en ese plazo no se presenta una propuesta viable, el vecino tiene derecho a ejecutar la instalación según su proyecto original, lo que busca facilitar la adaptación de las infraestructuras a largo plazo.
Esta regulación busca equilibrar el derecho individual y el interés comunitario, promoviendo el uso de vehículos eléctricos y la movilidad sostenible sin generar perjuicios innecesarios a las comunidades.

